Avances en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: juristas
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- Principalmente en derechos humanos, indicaron durante un congreso en la materia organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México
- Analizaron los alcances del ordenamiento Mónica González Contró, Sonia Venegas Álvarez, Rafael Guerra Álvarez, Roberto Garzón Jiménez y Jesús Sesma Suárez.
El derecho familiar y el civil se han transformado desde hace algunos años para entenderlos como temas de derechos humanos y de relevancia constitucional, afirmó la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Mónica González Contró.
Se han incorporado al texto constitucional figuras que 50 años atrás eran impensables como la prerrogativa de niñas, niños y adolescentes a la familia; igualdad entre mujeres y hombres; protección de la familia y otros derechos vinculados como la alimentación y la salud, señaló.
En los trabajos del Congreso “Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: el impacto de su implementación a la luz de los derechos humanos”, organizado por el IIJ y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, la jurista afirmó:
Durante años se consideró que el Estado solo debería tener una intervención subsidiaria en estos tópicos, pero hoy tiene la visión y el enfoque de garantías fundamentales en su interpretación.
En el auditorio Héctor Fix Zamudio del IIJ agregó que el derecho civil y el familiar impactan en el día a día de las personas. Por ello, generar reflexiones compartidas e insumos es relevante y requiere de esfuerzos coordinados como este entre la academia y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México para poner a disposición del público análisis sobre relaciones familiares, violencia, alimentos, patrimonio de las personas, sucesiones, nuevas tecnologías y bioética.
Unificación normativa.
En su participación, la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Sonia Venegas Álvarez, dijo que el Código es un ordenamiento que constituye uno de los cambios jurídicos relevantes de las últimas décadas en la nación.
“Su implementación representa la unificación normativa en los procedimientos civiles y familiares en todo el territorio mexicano, y abre la posibilidad de consolidar un sistema de justicia más coherente, más ágil y sobre todo más respetuoso de los derechos humanos”, acotó.
A lo largo de siete mesas de trabajo se exploran cuestiones que tocan el corazón de la justicia civil y familiar; la centralidad de las garantías fundamentales en la práctica procesal; el ejercicio pleno de la capacidad jurídica; la importancia de la teoría del caso y de las técnicas de litigación.
De igual forma, los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y las pruebas digitales; el papel del notariado en procedimientos no contenciosos; las cuestiones éticas y bioéticas vinculadas con su función y de manera transversal los retos de armonización que enfrentan las entidades federativas.
“Cada tema refleja la necesidad de construir un sistema de justicia más transparente, accesible, eficiente, humano y consciente de la diversidad social que caracteriza a nuestro país”.
Agregó que el Código no puede entenderse únicamente como un instrumento procedimental, sino como un compromiso con la dignidad y con las garantías de las personas, en particular de quienes acuden a los tribunales en contextos de vulnerabilidad.
“En este proceso la academia desempeña un papel insustituible, toda vez que los centros de investigación y las facultades de derecho tenemos la responsabilidad de contribuir en al menos tres dimensiones: la generación del conocimiento crítico que permita analizar a profundidad los alcances del nuevo ordenamiento, advertir sus riesgos y formular propuestas que acompañan su correcta implementación; la formación de juristas que conozcan las herramientas procesales y asuman la justicia civil y familiar desde una perspectiva ética, de género y de derechos humanos.
La colaboración activa con las instituciones públicas en la capacitación de los operadores jurídicos, en el diseño de protocolos, la sistematización de buenas prácticas y en la evaluación del impacto real que estos cambios jurídicos tienen en la vida de las personas”, puntualizó.
Equilibrar las condiciones.
Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, recordó que el Código se analizó en las entidades federativas, contó con la participación de magistrados y jueces y, una vez que fue elaborado, se presentó ante el Congreso federal para su autorización. A más tardar el primero de abril de 2027 deberá aplicarse en el país.
El objetivo de la reforma constitucional que nacionalizó el sistema de justicia civil y familiar es garantizar la justicia en igualdad, sin discriminación, y asegurando un trato diferenciado a los seres humanos vulnerables, detalló.
“Destacan víctimas de la violencia, personas con discapacidad, en pobreza, infantes, adolescentes y adultos mayores. Sin embargo, de poco sirve un Código Nacional si su aplicación continúa solo local o regionalmente, limitada por las condiciones socioeconómicas de cada entidad federativa, ciudad o pueblo. Uno de los grandes retos desde la óptica de los derechos humanos es lograr equilibrar las condiciones en que se imparte justicia en el país”, subrayó.
Alianza estratégica.
A su vez, el notario Roberto Garzón Jiménez, presidente del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, destacó que la alianza estratégica forjada entre academia, notariado y los tres poderes del Estado es clave para enfrentar los desafíos del ordenamiento.
Reconoció el trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, que ha demostrado compromiso para que la implementación y su mejora continua sean una realidad, acercando la justicia a la ciudadanía.
“Esta coordinación interinstitucional es muy importante, ya que el Poder Judicial en México atraviesa un momento de renovación y modernización estructural. La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es una respuesta concreta a esta necesidad de cambio. Con él se busca agilizar la justicia, hacerla más accesible y humana”, enfatizó.
Justicia más humana y sensible.
A decir del diputado y presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, dicha normatividad marca un antes y un después en la manera que entendemos y ejercemos la justicia.
Queremos que las y los ciudadanos la vivan en su vida cotidiana, porque detrás de cada procedimiento, expediente o resolución hay quienes esperan una justicia más humana y sensible. Existen familias que necesitan soluciones rápidas y claras; mujeres, niñas y niños que requieren protección y certeza; comunidades enteras que esperan que la justicia llegue de manera efectiva y cercana, añadió.
“La justicia no puede seguir siendo un ideal lejano, ni un trámite frío y distante. Debe sentirse en la vida diaria, en cada reforma, norma y decisión institucional. Debe servir a la gente, proteger sus derechos y darle certeza en los momentos más vulnerables de su vida”, concluyó.
Sitio Fuente: Boletín UNAM-DGCS-672