COP16: Latinoamérica apuesta por una agenda para la protección de los defensores ambientales

CIENCIAS DE LA VIDA.

- Garantizar la vida de quienes defienden el medioambiente es clave para superar la crisis de biodiversidad que enfrenta el planeta.

- La impunidad y falta de voluntad política están entre los principales obstáculos para proteger a las personas defensoras, mientras que la tecnología y la inteligencia artificial se han convertido en herramientas de los criminales.
- Se necesita consenso en las negociaciones de alto nivel para que se aprueben acciones realizables y medibles para la protección de las personas defensoras del ambiente y el territorio. Ese es uno de los retos de la COP16.

Para conservar la biodiversidad del planeta es indispensable y urgente garantizar la seguridad de quienes se han transformado en sus defensores, de quienes habitan los territorios naturales y de quienes advierten de las consecuencias del avance de aquellas actividades que amenazan la existencia de miles de especies de flora y fauna.

Precisamente, ese es el objetivo de la meta 22 del Marco Mundial Kunming Montreal, aprobado en 2022 durante la Conferencia de Biodiversidad (COP15). Allí se plantea la participación y representación plena de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la toma de decisiones, y su acceso a la justicia y a la información en materia de diversidad biológica, pero también que todo esto ocurra “asegurando la protección plena de los defensores de los derechos humanos ambientales”.

Ahora, durante la COP16 que se realiza en Cali, Colombia, los temas de la justicia ambiental y los derechos humanos atraviesan muchas de las conversaciones y de las negociaciones.

Estos temas son vitales para Colombia, como anfitriona de este evento internacional y, en general, para toda Latinoamérica, una región que lleva varios años cargando con las cifras más altas de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, según los reportes anuales de Global Witness, organización no gubernamental que documenta estos crímenes.

El último informe no deja lugar a dudas: de los 196 asesinatos cometidos contra quienes defienden la tierra, los bosques, el agua y la vida, 166 ocurrieron en América Latina, es decir, el 85 % de los ataques se dieron en esta región. Colombia ocupó el primer lugar de este lamentable ranking con 79 asesinatos en el 2023. Cifra que además es la más alta en un solo país desde que Global Witness empezó este monitoreo en el 2012.

Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), asegura que América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor biodiversidad y es precisamente allí donde se concentra actualmente el accionar de los crímenes ambientales por parte de grupos organizados. “Por eso es nuestra región la que viene liderando, en distintos escenarios internacionales, las discusiones para que estos temas se instalen en la agenda”, señala.

Para Schulmeister, es necesario aprovechar los avances tecnológicos y la inteligencia artificial para combatir los crímenes ambientales, entre los que destaca la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de flora y fauna. “La tecnología debe estar incorporada en el sector público, en los estados y en los organismos multilaterales. Temas como la georreferenciación espacial y las imágenes satelitales, potenciadas por la inteligencia artificial, resultan fundamentales para tener un mapeo de cómo hoy nuestro planeta está sufriendo por los crímenes ambientales y pensar en acciones para combatirlos”, dice.

Inteligencia artificial, nueva arma contra defensores.

Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores del Medio Ambiente, asegura que hay un patrón creciente de ataques contra las personas defensoras del medio ambiente y el territorio, “utilizando medios tecnológicos cada vez más sofisticados y a los que no estábamos acostumbrados en el pasado”.

Forst también le dijo a Mongabay Latam que no sólo la justicia está recurriendo a la inteligencia artificial, sino que los criminales la están usando para fabricar videos, audios y demás información falsa para desprestigiar a los defensores ambientales. “Es un tema al que todavía no sabemos cómo hacerle frente eficazmente”.

Schulmeister coincide con Forst en que no se debe perder de vista que la tecnología “está también al servicio y a disposición de los delincuentes, por lo tanto, los estados deben estar preparados para enfrentar esa adaptación constante de la criminalidad que siempre está preparada para eludir nuestras acciones”.

Combatir impunidad en crímenes contra defensores.

A Forst le ha sorprendido ver los compromisos asumidos por el gobierno de Colombia para poner énfasis en la defensa del medio ambiente y de sus líderes, tratando de promover su participación en la COP16, además de que se ha invitado a los líderes de otras naciones.

“Claramente hay una voluntad de Colombia de ser percibida en la COP16 como uno de los principales actores en términos de apoyo a los defensores ambientales, pero al mismo tiempo, las decisiones principales las toman los estados en salones cerrados a los que esos líderes no tienen acceso”.

Para el relator especial, uno de los puntos más críticos es que las decisiones en la COP se toman por consenso y si un Estado decide que un párrafo no puede ser aceptado dentro del documento, este debe ser literalmente destruido.

Forst considera que hace falta que en las COP se cuente con documentos donde haya una redacción clara sobre los derechos humanos. “Por ejemplo, si a pesar de los esfuerzos realizados por Colombia, Brasil y otros aliados de los defensores, algunos Estados son reacios y dicen que no, el documento final no contendrá nada sobre los derechos de los defensores ambientales, lo cual para mí es un fracaso. Pero no un fracaso de Colombia, sino de actores poderosos que podrían tener la posibilidad de influir en otros para incluir un lenguaje y una redacción claros sobre los derechos humanos en el documental final”, afirma.

Otro punto importante para los expertos es que los estados deben trabajar en sus sistemas judiciales para eliminar la impunidad. “Muchos Estados dicen que van muy bien y han mejorado sus investigaciones, pero cuando miras las cifras con observadores independientes, te das cuenta que no es así. La impunidad en muchos países de Latinoamérica está en 95 o 96 %, lo que demuestra que no hay investigaciones, que no se captura a los perpetradores de los crímenes”, y agrega que si el mundo no logra entrar en un acuerdo sobre qué es impunidad y cómo combatirla, “entonces la batalla estará perdida”.

Créditos: Thelma Gomez.

Sitio Fuente: Mongabay