11 estados incumplen mandato constitucional de proteger a su población ante inseguridad vial: Coalición Movilidad Segura
SEGURIDAD VIAL.
- Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas siguen sin armonizar sus leyes estatales.
- Se observa que gobiernos mexicanos de todas las fuerzas políticas aún contravienen el derecho a una movilidad segura con decisiones, obras públicas y gestión contrarias al interés público.
En el marco de la Octava semana global por la seguridad vial de Naciones Unidas, las 116 organizaciones mexicanas que integran la Coalición Movilidad Segura se reunieron en Ciudad de México durante el Primer Encuentro Nacional de dicha organización, con el compromiso de fortalecer su labor para que se garantice el derecho humano a la movilidad “en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”, consagrado en el artículo 4° de la Constitución.
En conferencia de prensa, representantes de la Coalición Movilidad Segura hablaron sobre los pendientes urgentes en materia de seguridad vial, una deuda que sigue costando vidas y reproduciendo desigualdades en nuestro país:
La agenda de la seguridad vial sigue siendo una urgencia desatendida que cobra la vida de alrededor de 16 mil mexicanas y mexicanos año tras año, quienes fallecen a causa de siniestros de tránsito que son prevenibles. A dos años de la entrada en vigor de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) y cinco de la reforma constitucional, aún observamos a gobiernos mexicanos que omiten cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la movilidad segura. Es inadmisible que, a pesar del mandato de mayo de 2022, 11 congresos locales aún no han cumplido con la armonización de sus leyes estatales para estar acordes a la LGMSV.
Las entidades que aún no han atendido esta responsabilidad prioritaria para salvar vidas son: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, cuyos Congresos tienen un atraso de más de dos años.
“La armonización legislativa no es un trámite burocrático, es la base para que todos los órdenes de gobierno asuman con responsabilidad la construcción de entornos seguros para la vida. Mientras las leyes estatales no incluyan los 57 elementos clave de seguridad vial previstos en la Ley General seguirá existiendo un vacío que permite omisiones y deja en la indefensión a millones de personas. Esta situación contraviene el espíritu de justicia y de transformación que guía nuestra vida pública. Los delegados y delegadas de las 11 entidades faltantes llamamos a los Congresos y a los gobernadores, así como a la jefa de Gobierno de la CDMX, a que #ArmonicemosYA para salvar vidas.” dijo Erick Antonio Ochoa, de Salud Justa Mx.
“El uso de la motocicleta está creciendo rápidamente en todo el país y los siniestros viales que afectan a sus usuarios están convirtiéndose en una verdadera crisis de salud pública en México, tanto en zonas urbanas como rurales. Este fenómeno, que ya impacta de manera directa en los sistemas de salud, en las familias y en la economía del país, se está profundizando sobre vacíos legales, limitaciones institucionales y omisiones gubernamentales que han sido toleradas por años. Es urgente que se atienda a este problema desde la regulación y de forma integral”, señaló Valentina Ochoa, de Global Health Advocacy Incubator, quien llamó a los tres niveles de gobierno a actuar con responsabilidad para proteger la vida de quienes se desplazan diariamente en motocicleta.
El uso de vehículos de micromovilidad, como bicicletas y monopatines eléctricos, ha crecido de forma significativa en zonas urbanas y periféricas. Sin embargo, esta transformación en la movilidad enfrenta una falta de regulación clara, lo que expone a quienes se desplazan de esta forma y a los usuarios de la vía a riesgos innecesarios. “Es momento de establecer un marco normativo que reconozca, regule y proteja estos modos de transporte, priorizando la equidad territorial y la movilidad del cuidado”, sostuvo Areli Carreón, de Bicitekas, A.C.
A pesar del alto riesgo que implican los siniestros viales, en diversas entidades una parte importante del parque vehicular, incluyendo automóviles particulares, motocicletas y unidades de transporte público, circula sin seguro por daños a terceros. Esta omisión agrava el impacto económico y social de los siniestros, especialmente para las familias de menores ingresos y para los servicios públicos de salud. “Es urgente garantizar el cumplimiento efectivo del seguro obligatorio en todo el país, como una medida de justicia social y de protección integral para víctimas, instituciones y comunidades”, sostuvo Armando Pliego, de Céntrico.
En muchos estados del país, los servicios de atención prehospitalaria son inexistentes o insuficientes, lo que significa que una persona lesionada en un siniestro vial puede tardar horas en recibir atención médica, reduciendo drásticamente sus posibilidades de sobrevivir. No puede haber justicia social sin un sistema de emergencia que responda con eficacia y dignidad ante una urgencia”, indicó Alma Chávez Guth, de Viviac, A.C y presidenta de Ficvi.
El transporte público es una herramienta esencial para garantizar el acceso a derechos como la educación, la salud y el trabajo, especialmente para las poblaciones que viven en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en muchas entidades los vehículos que prestan este servicio circulan sin cumplir con estándares mínimos de seguridad estipulados en la NOM-194, en el caso de vehículos ligeros, con frenos deficientes, cinturones inexistentes (hablando específicamente de taxis y van) y unidades obsoletas que ponen en riesgo la vida de sus pasajeros y de otros usuarios de la vía. Situación que se agrava con la falta de una norma de inspección física mecánica obligatoria para todos los vehículos independientemente de su uso. “Garantizar la seguridad vehicular en el transporte público es una medida urgente de justicia social, particularmente para quienes dependen de él y no cuentan con alternativas seguras de movilidad, por tanto, hacemos un llamado urgente para actualizar el marco regulatorio en los términos que dicta la LGMSV”, manifestó Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor.
“Lamentablemente, la protección de niñas y niños en vehículos privados sigue sin ser una prioridad en las políticas públicas. La falta de uso de sistemas de retención infantil (SRI) sigue costando vidas cada año. Ninguna ley o política pública de seguridad vial estará completa mientras no se garantice la seguridad de la infancia en cada trayecto”, puntualizó Alma Cruz, de Munli.
Sitio Fuente: El Poder del Consumidor