Caza & Safari: los cazadores llegaban a Brasil e ingresaban a Bolivia de forma ilegal para matar jaguares
CIENCIAS DE LA VIDA / ZOOLOGÍA / ANIMALES EN EXTINCIÓN.
- La empresa del argentino Jorge Néstor Noya vendía “paquetes turísticos” para llegar a Bolivia y cazar ilegalmente jaguares en áreas protegidas.
- Caza & Safari cobraba hasta 50 000 dólares por la expedición en el Pantanal boliviano.
- La ruta de Noya partía de Buenos Aires, pasaba por Sao Paulo, Cuiabá y luego Bolivia.
- En Bolivia y Argentina se investiga a los cazadores.
Jorge Néstor Noya posa con un jaguar muerto. El animal fue cazado ilegalmente en Bolivia, según la investigación. Foto: obtenida durante la investigación de Mongabay Latam
Unos días antes del 14 de julio de 2024, la empresa argentina Caza & Safari planificó una de sus últimas incursiones a Bolivia. El objetivo era matar a dos jaguares. Jorge Néstor Noya, el dueño de esa empresa, salió el 14 de julio del aeropuerto Jorge Newbery, en Buenos Aires, rumbo a Sao Paulo, en Brasil. Ahí hizo una escala de seis horas y se encontró con “Benji”, uno de sus clientes. Ese mismo día ambos partieron a la ciudad brasileña de Cuiabá, muy cerca de Bolivia. Se estima que el 18 de julio ingresaron a suelo boliviano de manera ilegal en una avioneta y aterrizaron en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, en pleno Pantanal.
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Noya había coordinado un mes antes con “Benji” el viaje a Bolivia. Lo hacía a través de mensajes de texto. Como intermediario actuaba una persona de apellido Villafañe, quien le aseguró al cliente que en julio irían a Bolivia a cazar un “bicho grandulón”. No fue uno, fueron dos jaguares. Según los datos obtenidos por Mongabay Latam se presume que Noya y “Benji” estuvieron en Bolivia al menos entre el 19 y 25 de julio, ya que el empresario en esos días se tomó fotografías con los jaguares muertos, uno colgado en un árbol y el otro tirado en el piso.
El punto exacto de la zona donde mataron a los jaguares está en plena investigación en Bolivia, pero existe seguridad de que esos supuestos crímenes ambientales se ejecutaron en el ANMI San Matías, la segunda área protegida nacional más grande de Bolivia (2 918 500 hectáreas)y que comprende tres grandes ecorregiones: el bosque seco chiquitano, el Pantanal y el Cerrado.
Las investigaciones sobre la caza ilegal de jaguares y otras especies avanzan en Bolivia y Argentina. Según datos que obtuvo Mongabay Latam, Noya y sus clientes utilizaban vuelos comerciales para llegar hasta Cuiabá, una ciudad brasileña a 260 kilómetros de la frontera con Bolivia. En la indagación se recolectaron los pasajes aéreos y fotografías que tomó Noya con su teléfono celular. Se utilizó una aplicación digital para conocer las fechas exactas de la toma de imágenes, en las que se ve al argentino sonriendo con los jaguares muertos. Se estima que Noya realizó en la última década más de 30 viajes a suelo boliviano para cazar al felino más grande de América del Sur.
La ruta que realizaba Noya y sus clientes para llegar a Bolivia tenía dos escalas en Brasil. Salían de Buenos Aires hacia Sao Paulo y de ahí llegaban a Cuiabá, que está muy cerca del ANMI San Matías. Todas esas rutas la hacían en vuelos comerciales, según la investigación. Desde Cuiabá, muchas veces ingresaban ilegalmente en avionetas. Ese espacio aéreo es dominado por las mafias del narcotráfico. Otras veces realizaban viajes por la vía terrestre, igual violando los controles migratorios, ya que en la investigación boliviana no existe un flujo migratorio de entrada y salida por parte del empresario argentino.
Una piel de puma confiscada durante los allanamientos a las propiedades de Caza & Safari. Foto obtenida durante la investigación de Mongabay Latam.
Noya está acusado en Argentina de cometer el supuesto tráfico de especies salvajes más grande de la historia de ese país. Actualmente, Noya tiene detención domiciliaria en Buenos Aires. Según la investigación, cobraba hasta 50 000 dólares por el “paquete turístico” para cazar jaguares en Bolivia.
Luego de cazar los jaguares, el 25 de julio, Noya y “Benji” partieron de Bolivia rumbo a Cuiabá, también ilegalmente. Luego, Noya abandonó esa ciudad brasileña el 26 de julio hacia Sao Paulo. Ahí hizo una escala de cinco horas y luego tomó rumbo hacia Buenos Aires, aterrizando ese mismo día en el aeropuerto Jorge Newbery. De “Benji” solo se conoce que llegó a Sao Paulo para seguir hacia otro rumbo.
El empresario argentino Jorge Néstor Noya muestra un jaguar muerto como si fuera un trofeo. Foto: obtenida durante la investigación de Mongabay Latam
Investigación en Bolivia.
En Bolivia, la Fiscalía Especializada en Medioambiente investiga a Noya y su empresa. La denuncia fue presentada por el guardaparque Marcos Uzquiano y la plataforma ambiental El llanto del Jaguar, y, posteriormente, la diputada boliviana María René Álvarez llevó el caso al Tribunal Agroambiental. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) no se adhirieron al proceso.
El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió el 23 de abril un fallo inédito y ordenó a diferentes entidades del Estado boliviano la protección del jaguar y su hábitat. La sentencia tiene 12 disposiciones y entre ellas se exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre. Además, se establecen medidas de protección para defensores ambientales y se ratifica una pausa ecológica en toda Bolivia.
Varios colectivos llegaron a puertas del Tribunal Agroambiental para participar de la audiencia histórica. Foto: cortesía Llanto del Jaguar
Rodrigo Herrera Sánchez, abogado y parte de la Asociación Civil-Legal Justicia Ambiental, explicó a este medio que una ONG de Brasil realizó una triangulación de información sobre estos hechos y descubrió que la empresa Caza & Safari se dedicaba a la “caza deportiva” bajo la fachada de servicios de turismo.
“Esta empresa habría estado realizando actividades de caza en Brasil, Argentina y Bolivia. Como resultado de esa triangulación de información, se realizó el proceso correspondiente en Argentina”, informó el jurista. Gracias a esa investigación se logró allanar el domicilio del propietario de esta empresa, Noya. “En el domicilio de esta persona fueron halladas muchas partes de animales, además de los instrumentos con los que cometían estos delitos, y también dentro de las computadoras, en los teléfonos celulares, etcétera”, afirmó Herrera Sánchez.
Mientras, Uzquiano, que es presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques (Abolac), explicó a Mongabay Latam que la denuncia penal contra Noya en Bolivia es por biocidio, con una pena de hasta diez años de prisión si es contra animales silvestres en áreas protegidas. “Este proceso debe avanzar de la forma más transparente y dar con los responsables de este biocidio”, aseguró.
Un cazador posa junto al cuerpo de un capibara. Foto: Facebook Caza & Safari
En Argentina, el proceso está instalado en la Fiscalía Federal número 1 de Lomas de Zamora, que es la que instruye la investigación y también interviene el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora. En ese país, el caso está en plena etapa investigativa. A Noya se lo acusa de los presuntos delitos de asociación ilícita, provisión ilegal de armas de fuego, maltrato animal y depredación de la fauna silvestre. Junto a él, hay otros imputados, desde presuntos jefes de esa organización hasta miembros que ofertaban sus servicios. Aún se están aguardando la producción de medidas de prueba que podrían ventilar otros delitos cometidos por estas personas.
En el marco de este caso se hicieron 12 allanamientos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santiago del Estero. También, se embargaron en total 37 vehículos automotores, de los cuales se incautaron hasta el momento 12, los cuales eran propiedad de los acusados, varios de ellos de alta gama. Se embargó también un inmueble de gran valor ubicado en la costa atlántica argentina, que era propiedad de uno de los supuestos jefes de la organización. También fueron embargados los tres terrenos de caza en los que se hacían las cacerías ilegales.
El cazador Jorge Noya de la empresa argentina Caza & Safaris junto al cuerpo de un jaguar. Foto: obtenida durante la investigación de Mongabay Latam
En todos los operativos se incautaron 7951 taxidermias, que es el procedimiento de disecar animales para conservarlos con apariencia de seres vivos. Ahí podrían estar los jaguares que también fueron cazados en el Pantanal boliviano y especies autóctonas de Argentina, cuya caza está prohibida. El proceso de taxidermia se realizaba -según la investigación- en talleres ilegales en Argentina y luego esos “trofeos” eran enviados a los países de los clientes cazadores.
Este medio escribió al abogado de Noya para conocer su posición sobre la investigación en contra el empresario argentino, pero no tuvo respuesta.
Por: Iván Paredes Tamayo.
Sitio Fuente: Mongabay