La Universidad de Columbia acata la injerencia de Trump para no perder fondos federales
CIENCIA Y SOCIEDAD.
Endurece las regulaciones para protestas estudiantiles y reestructura departamentos académicos relacionados con el Medio Oriente.
Protesta contra la ocupación israelí de Gaza en el campus de la Universidad de Columbia. / Europa Press/Roy De La Cruz
La Universidad de Columbia ha aceptado injerencias políticas en el diseño de contenidos académicos y cercenar la libertad de manifestación en el campus, todo ello para no perder fondos federales. Medio centenar de universidades de Estados Unidos están también amenazadas de intervención.
La Universidad de Columbia ha cedido a las exigencias de la Administración Trump tras las amenazas de perder 400 millones de dólares de financiación federal, estableciendo un precedente que podría extenderse a otras instituciones educativas en Estados Unidos con grave perjuicio para la libertad académica y la investigación científica.
La situación en Columbia tiene sus raíces en las protestas estudiantiles relacionadas con la destrucción de Gaza por parte del ejército israelí, que desencadenaron una serie de acciones por parte de la administración Trump. El gobierno federal amenazó con retirar la financiación a la universidad, alegando preocupaciones sobre “antisemitismo” en el campus. Estas amenazas se materializaron en forma de investigaciones federales y presión directa sobre la administración universitaria.
La Universidad de Columbia recibe aproximadamente 860 millones de dólares anuales en financiación federal, principalmente destinados a investigación científica y programas académicos. Esta dependencia financiera la hace particularmente vulnerable a este tipo de presiones gubernamentales.
Campus intervenido.
Las modificaciones implantadas por la Universidad de Columbia incluyen prohibiciones explícitas sobre el uso de máscaras para ocultar la identidad durante protestas, con excepciones limitadas por motivos de salud o religiosos. Adicionalmente, se ha implementado una prohibición total de manifestaciones dentro de edificios académicos, limitando severamente los espacios disponibles para expresiones de disenso estudiantil.
El sistema disciplinario de la universidad ha sido asimismo completamente reestructurado, introduciendo consecuencias más severas para estudiantes involucrados en ciertos tipos de protestas. Las sanciones incluyen potencial suspensión, expulsión o incluso revocación de títulos académicos ya otorgados, estableciendo un precedente preocupante para la libertad de expresión estudiantil y para la seguridad de las acreditaciones académicas.
Revisión de los estudios.
En el ámbito académico, Columbia ha acordado nombrar un nuevo vicerrector senior encargado de revisar exhaustivamente los programas de estudios regionales, comenzando específicamente con el Medio Oriente.
El Departamento de Estudios de Medio Oriente, Asia del Sur y África será colocado bajo "administración académica" durante al menos cinco años, comprometiendo efectivamente su autonomía académica.
Para abordar las acusaciones de antisemitismo, la universidad adoptará una nueva definición oficial de este término y ampliará su Instituto de Estudios Israelíes y Judíos con el objetivo declarado de promover la "diversidad intelectual". Estos cambios incluyen el fortalecimiento de la programación en su Centro de Tel Aviv y el desarrollo de un currículo para educación K-12 enfocado en "conversaciones difíciles" y antisemitismo.
Militarización del campus.
Un componente central de los cambios es el aumento significativo de poderes otorgados a la seguridad universitaria. La universidad ha concedido autoridad expandida a 36 oficiales de policía del campus, permitiéndoles realizar arrestos y expulsar a estudiantes de las instalaciones cuando lo consideren necesario. Esta “militarización” del campus representa un cambio fundamental en la atmósfera universitaria tradicionalmente abierta.
Estas políticas han generado una ola de críticas entre profesores, estudiantes y organizaciones defensoras de derechos civiles. Numerosos miembros del profesorado han expresado preocupaciones sobre el efecto intimidatorio que estas políticas tendrán sobre la libertad de cátedra y la capacidad de abordar temas políticamente sensibles en contextos académicos. Algunos han señalado que estos cambios representan una intrusión sin precedentes del gobierno federal en la gobernanza universitaria.
Una veintena de académicos de derecho institucional han publicado incluso un artículo denunciando que “el gobierno no puede amenazar con recortes de fondos como herramienta para presionar a los beneficiarios para que supriman la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda”.
Atentado a la libertad académica.
Los cambios impuestos a Columbia plantean interrogantes serios sobre la independencia de la investigación académica, particularmente en áreas políticamente sensibles. La colocación de un departamento universitario bajo "administración académica" podría resultar en autocensura entre investigadores y profesores, limitando la exploración de perspectivas críticas o controversiales.
Jonathan Zimmerman, historiador de educación en la Universidad de Pennsylvania, señala que "históricamente, no hay precedentes de esto. El gobierno está usando el dinero como arma para microgestionar una universidad". La posibilidad de que se establezcan "líneas rojas" en torno a ciertos temas podría inhibir la producción de conocimiento innovador.
Además, el caso de Columbia establece un precedente preocupante para otras instituciones académicas en Estados Unidos. Harvard, MIT, Stanford y otras instituciones de élite están actualmente bajo investigaciones similares, y podrían enfrentar presiones para adoptar cambios comparables en sus políticas.
Esta tendencia podría homogeneizar el panorama educativo superior americano, reduciendo la diversidad de perspectivas y enfoques que ha sido históricamente una fortaleza del sistema universitario estadounidense.
Desafío a la autonomía universitaria.
La intervención gubernamental en Columbia representa por último un desafío directo al principio de autonomía universitaria, una tradición democrática fundamental que ha permitido a las instituciones académicas estadounidenses florecer como espacios de innovación intelectual independientes de presiones políticas directas.
Estados Unidos ha mantenido un liderazgo global en educación superior e investigación debido en gran parte a la independencia de sus instituciones académicas. La interferencia gubernamental directa amenaza esta posición, potencialmente desalentando a académicos internacionales de unirse a instituciones americanas y reduciendo la capacidad de atraer talento global.
Como resultado, los cambios impuestos a Columbia podrían tener efectos en los rankings internacionales, financiación privada y colaboraciones con instituciones extranjeras. La percepción de que las universidades estadounidenses están perdiendo su autonomía podría deteriorar su reputación internacional.
El problema de fondo es que las universidades han funcionado históricamente como espacios cruciales para el desarrollo del pensamiento crítico y el debate democrático. Las restricciones a la expresión estudiantil y la supervisión gubernamental de contenidos académicos limitan esta función esencial, potencialmente reduciendo la capacidad de las universidades para contribuir al discurso democrático.
Por: Eduardo Martínez de la Fe.
Sitio Fuente: Levante / Tendencias21